Se denuncia la aplicación de una medida cautelar insólita por parte de un juez de San Isidro, que impone una perimetral no solo a periodistas sino también a legisladores que denuncian irregularidades.
Se considera que esta medida es una argucia legal para coartar la libertad de expresión y el periodismo de investigación, impidiendo que se hable de asuntos de interés público.
Se critica la red de encubrimiento que se estaría gestando a través de distintas instancias judiciales para proteger a los implicados en casos de corrupción.