El conflicto territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo se encuentra en un punto álgido, con ambos países presentando argumentos históricos, geoeconómicos y legales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Venezuela alega que el laudo arbitral de 1899, que definió la frontera a favor de la entonces Guayana Británica, fue amañado por intereses políticos entre el Imperio Británico y Rusia. Argumentan que este laudo violó el principio de uti possidetis iuris, que establece las fronteras coloniales como base para los nuevos estados latinoamericanos, y que la Capitanía General de Venezuela de 1777, que incluía el Esequibo, debería ser la base territorial.
Por su parte, Guyana, que se desvincula del imperialismo británico y se presenta como víctima del mismo, defiende la validez del laudo de 1899 y considera el Esequibo como parte integral de su territorio desde su independencia en 1966. La disputa se ha intensificado con el descubrimiento de importantes reservas de petróleo y gas en la región offshore del Esequibo, lo que ha convertido el reclamo territorial en un asunto de gran interés económico y geopolítico, especialmente para empresas como Exxon y Chevron que operan en la zona.
El análisis de la situación revela que, si bien Venezuela basa su reclamo en argumentos históricos y legales, la coyuntura actual, marcada por la importancia estratégica de los recursos energéticos y la presencia de potencias como Estados Unidos, favorecería a Guyana. La CIJ emitirá un fallo que, independientemente de su contenido, podría dejar una "herida abierta" en las relaciones bilaterales y ser un factor de presión política interna en Venezuela.