La política de desregulación del gobierno busca flexibilizar los controles en puertos, lo que podría aumentar las irregularidades y el contrabando.
Se cuestiona la falta de control sobre la carga de los barcos y la posible utilización de puertos no autorizados.
Se menciona la denuncia de Elisa Carrió sobre el tráfico de drogas en puertos cerealeros y la violación del tratado de Escazú al no realizarse estudios de impacto ambiental.