Se denuncia que el gobierno no está cumpliendo la ley de discapacidad, afectando gravemente a personas con necesidades especiales. La ley, que garantiza prestaciones básicas, cuidados, escuelas, terapeutas y transporte, se está aplicando de manera deficiente. El Estado debería aportar el 16,5% de los aportes para quienes no tienen obra social ni prepaga, pero este pago no se realiza desde octubre, lo que ha llevado al cierre de centros de día y a la interrupción de atenciones esenciales.
Valentina Basio, madre de Lisandro, un niño con discapacidad, relata la desesperación de las familias al quedarse sin atención, medicación e insumos. Muchos centros de día que atienden a personas vulnerables están cerrando, dejando a más de cien personas sin su rutina de cuidados y socialización. La situación es tan crítica que se lucha por el derecho a la vida, ya que personas electrodependientes no reciben los insumos necesarios para sobrevivir.
Se critica al gobierno por su aparente desinterés en la vida de las personas con discapacidad, considerándolas "no rentables" para el mercado. Se hace un llamado al poder judicial y legislativo para que intervengan y exijan el cumplimiento de la ley, rechazando los pedidos del gobierno para suspenderla. La lucha se ha vuelto más ardua, pero la comunidad se mantiene unida y organizada para defender sus derechos.