El descontento social en Bolivia persiste a pesar de los intentos del gobierno de Rodrigo Paz por dialogar. Las demandas van más allá de la ley de tierras, incluyendo también el alza en el precio de los combustibles y la falta de dólares en la economía.
El gobierno modificó la ley de tierras para apaciguar las protestas, pero las organizaciones sociales continúan movilizadas. La crisis económica se agudiza con la escasez de gas y el aumento generalizado de precios.
La ruptura entre el presidente Paz y su vicepresidente, quien ahora apoya las manifestaciones, evidencia la profunda crisis política que atraviesa el país. La tensión social se mantiene alta, con diversas organizaciones exigiendo cambios estructurales.