Se califica la agresión al menor esposado como un delito, cuestionando la actuación del funcionario público presente.
Se menciona que la autopsia preliminar no es concluyente sobre la causa de muerte, generando debate similar al caso de Fernando Báez Sosa.
Se debate si la muerte se debió a los golpes o al siniestro vial, enfatizando que el menor mostraba signos vitales tras el impacto inicial.