El Consejo de la Unión Europea impuso sanciones a 16 personas y 7 entidades rusas por la deportación sistemática e ilegal de niños ucranianos. Estas medidas incluyen congelamiento de activos, prohibición de viaje y bloqueo de fondos.
Las entidades sancionadas están vinculadas al Ministerio de Educación ruso y a organizaciones militares que participaron en el adoctrinamiento ideológico y actividades de orientación militar de los menores. Bruselas considera estas acciones como graves violaciones del derecho internacional y de los derechos de los niños, buscando borrar la identidad ucraniana.
Moscú niega la caracterización de deportación y cuestiona las cifras presentadas. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin y la comisionada presidencial rusa para los derechos de los niños por este motivo.