La defensa del anestesiólogo Hernán Boveri, principal imputado en la causa Propofol por sustracción de medicamentos como propofol y fentanilo del Hospital Italiano, objetó el peritaje de su celular secuestrado, alegando falta de consentimiento informado y presión policial al entregarlo sin saber que podía negarse.
La DATIP realiza extracciones forenses de dispositivos de Boveri y su partícipe secundaria Fini Lanusse, buscando chats, grupos de WhatsApp o Telegram sobre "viajes controlados" o "deep sleep", nexos con la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar y faltantes de elementos hospitalarios como bombas de infusión. Parte del material ya se incorporó, pero el celular de Boveri está en disputa judicial por irregularidades en cadena de custodia y privacidad.
El juez Sánchez Sarmiento procesó a los acusados pese a que el hospital niega faltantes de ampollas completas; un video exclusivo muestra manipulación de residuos de propofol en descartadores de quirófano, extrayendo restos o ampollas casi llenas para uso recreativo o comercial, desmintiendo controles inviolables.
Panelistas debaten si Boveri desconocía su derecho a no entregar la clave, si colaboró por buena fe o si la nulidad caería pruebas clave; la ley de estupefacientes penaliza suministro gratuito o comercial, y se investiga si había circuitos de venta en fiestas.
La pericia tecnológica es eje de la pesquisa sobre homicidio, sobredosis o comercialización, con riesgo de demora si la Cámara anula el procedimiento.