La cuarta marcha federal universitaria movilizó a miles en Buenos Aires y provincias como Mendoza, Córdoba, Tucumán y Mar del Plata para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso, que el gobierno no ejecuta pese a diálogos sin avances concretos.
En el estudio de TN Central, analistas destacaron que el gobierno niega planes de cerrar o arancelar universidades públicas, pero discute presupuestos ante reclamos salariales: docente inicial cobra 591 mil pesos, jefe de trabajos prácticos dedicación exclusiva 591 mil pesos, con más horas 808 mil y titular de cátedra con 10 años de antigüedad 1,7 millones, cifras consideradas insuficientes por docentes y decanos que proponen mesas de negociación.
Paula Bernini entrevistó participantes en Plaza de Mayo: un obrero que educó a sus tres hijos en universidad pública, estudiantes de UBA y UNLP denunciando recortes presupuestarios y falencias republicanas por incumplimiento de la ley sancionada dos veces, una migrante peruana radicada que estudió en universidad pública y docente de técnicas en Avellaneda; muchos vinculan el reclamo a elecciones y modelo de país inclusivo.
Julio Bismarck reportó caos vial en el centro porteño por la desconcentración, con escasa presencia policial y apoyo de conductores al motivo de la marcha pese al tránsito parado. El vice-rector de la UBA, Emiliano Giacobbe, afirmó mayor apoyo ciudadano, criticó prioridades gubernamentales al comparar partida para hospitales universitarios de 80 mil millones con recortes menores que impuestos a autos de lujo, y alertó crisis en 45 días para insumos hospitalarios sin fondos girados.
El secretario de Políticas Universitarias, Álvarez, cuestionó la ley por falta de origen presupuestario; gobierno instruyó reasignación al jefe de Gabinete, pero persisten tensiones por eficiencia, estudiantes crónicos y mal uso de fondos públicos.