La Unión Europea impuso sanciones a 16 funcionarios rusos y 7 entidades, incluyendo el Ministerio de Educación, por deportación forzada, adoctrinamiento y militarización de casi 20.500 niños ucranianos desde el inicio de la guerra. Las medidas incluyen congelamiento de activos, prohibición de viajes y bloqueo de fondos.
Bruselas califica las acciones como violaciones graves del derecho internacional para borrar la identidad ucraniana vía reeducación en campamentos juveniles y eventos patrióticos. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin por este delito en 2023.
Rusia niega deportaciones sistemáticas, cuestiona cifras y afirma que los niños no regresaron en su mayoría. Se profundiza presión internacional por crímenes de guerra en zonas ocupadas.