En Francia, el trabajo no declarado prolifera en construcción, comercio y servicios, costando 7 mil millones de euros al Estado en 2025 por cotizaciones sociales impagas, con inspectores controlando obras en Lyon y detectando trabajadores sin contratos ni documentos.
Empresas contratan ilegales vulnerables como solicitantes de asilo, arriesgando multas de hasta 45 mil euros y 3-10 años de prisión; la justicia usa técnicas de narcotráfico como escuchas y seguimientos para combatir fraudes.
URSAF detectó 1.500 millones de euros impagos en 2024 pero recuperó solo 150 millones (10%), ya que firmas vacían cuentas y desaparecen; un empresario en sur de Francia factura 800 mil euros anuales sin cotizaciones, negando cambiar pese a inspecciones.