En los suburbios de París y Lyon, inspectores de trabajo detectan economía sumergida donde migrantes sin papeles son contratados por minutos en construcción y otros sectores. Comerciantes negocian precios al instante con jornaleros en carreteras transitadas, sin declaraciones ni cotizaciones sociales.
Los inspectores identifican irregularidades por nerviosismo de trabajadores que ocultan empleadores o fechas de inicio. Un caso involucró a un solicitante de asilo verificado como irregular, llevando a citaciones judiciales contra empleadores. Empresas enteras operan así, como un artesano en el sur que factura 800 mil euros anuales sin declarar cinco empleados.
El fraude cuesta al Estado francés 7 mil millones de euros en 2025 por cotizaciones impagas, sin seguros ni jubilaciones para trabajadores. La URSAF detectó 1.500 millones impagos el año pasado, recuperando solo el 10% ya que firmas desaparecen.
La justicia usa técnicas de narcotráfico como escuchas y seguimientos contra defraudadores. Contratar ilegales conlleva multas de 45 mil euros y hasta 3 años de prisión, extensible a 10 en bandas organizadas.