El Hogar San Camilo, que atiende a 66 personas con discapacidades graves en Córdoba, enfrenta el colapso por deudas de casi 600 millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Social a través de IAFAS e Incluir Salud desde diciembre, sin pagos de sueldos ni insumos como pañales y anticonvulsivos.
El padre Francisco, director desde hace menos de un año, mostró las instalaciones en vivo destacando 47 años de servicio gratuito a los más vulnerables, muchos sin familia o de bajos recursos, con un equipo interdisciplinario y tecnología de punta en un predio rural sin gas ni transporte público, donde empleados viajan pagados por el hogar.
La institución quemó ahorros de donaciones pasadas y da anticipos de sueldo, pero acumula deudas con proveedores y enfrenta retenciones previsionales ilegales; el padre enfatiza que sin pagos estatales se retrasan terapias y medicaciones esenciales, aunque mantiene prestaciones y confía en la solidaridad y sensatez política.
Periodistas criticaron la negativa gubernamental a la ley de emergencia en discapacidad y la falta de fondos pese a promesas, mientras el padre apeló a la vocación política y visibilización mediática para cobrar al menos diciembre y enero, priorizando sueños de residentes como firmar libros en ferias.
Situación crítica afecta a "los pobres de los pobres", con riesgo de cierre evitado por fe, pero con proveedores fiando y empleados molestos por salarios impagos.