La justicia de Santa Fe notificó a padres de menores autores de 11 amenazas falsas a escuelas, intimándolos a pagar los costos de operativos de seguridad en cinco días hábiles.
Los montos totalizan 36 millones de pesos, con una máxima de 5.802.007 pesos por despliegue con escuadrón antibombas y evacuaciones. Usan deuda civil además de la vía penal por intimidación pública.
Oficiales entregaron intimaciones extrajudiciales en casas, mostrando reacciones de sorpresa y vergüenza. Si no pagan, van a ejecución con embargo de bienes o sueldos, o planes de pago.
Los hechos surgieron por efecto cascada tras un incidente trágico, y la provincia busca que los responsables cubran gastos de policía y recursos estatales.