Un enfermero del centro de salud de San Rafael, Mendoza, generaba certificados falsos de vacunación para padres antivacunas a través de un grupo de WhatsApp con la palabra clave "plan B", cobrando 160 mil pesos por certificado y 60 mil por cada vacuna falsa.
El pediatra Gonzalo Herrera detectó la irregularidad porque los niños de antivacunas declarados tenían vacunas el mismo día a 300 km de distancia. La policía secuestró dispositivos y sellos, y ya hay 28 denuncias contra 38 familias, con 10 que vacunaron a sus hijos en 30 días; el resto enfrenta multas abultadas o cárcel.
La vicegobernadora Eve Casado, médica inmunóloga, explicó que los antivacunas argumentan falsamente vínculos con autismo, HPV y problemas gestacionales, pese a evidencia científica. Grupos religiosos y hippies los influyen, poniendo en riesgo enfermedades erradicadas como sarampión y tuberculosis, especialmente a inmunosuprimidos.
Mendoza mantiene alto porcentaje de vacunación gracias a seguimiento escolar y agentes sanitarios. El enfermero fue separado del cargo y está en manos de la justicia; investigan si hay red mayor. Casado enfatizó que las vacunas son obligatorias y usar documentos falsos es delito penal.