El gobierno presenta acción judicial ante la Corte Suprema contra la ley de emergencia en discapacidad, argumentando que desfinanciaría al Estado con ejemplos como suspender comida en cárceles o vender medicamentos.
Representantes del colectivo rechazan categóricamente los argumentos y exigen que el Estado cumpla y acompañe a las personas con discapacidad.
Estarán frente al Palacio de Justicia reclamando, en un momento complejo por aranceles desfasados para servicios de atención que imposibilitan continuar brindando apoyos.