Graciela cuestionó la política minera actual, afirmando que repite errores del pasado al depredar la cordillera sin generar beneficios para los argentinos. Recordó el pasivo ambiental y económico dejado por empresas como Bajo la Lumbrera, contrastándolo con los ingresos de Chile por el cobre.
Los panelistas debatieron sobre la seguridad jurídica en la minería, con uno defendiendo que ahora llegan inversiones gracias a ella, mientras Graciela insistió en que el código minero de más de 200 años ya existía pero no atrajo capitales ni exportaciones de cobre, pese a que el 70% de la cordillera es suelo argentino.
El intercambio pasó al conurbano y empleo, destacando cifras de 22 millones de empleados en 2025, pero criticando la falta de impacto visible en la gente común y la necesidad de marco para invertir los dólares guardados por temor.
Graciela advirtió que espectáculos políticos como el de mañana erosionan la seguridad jurídica, y defendió inversiones con valor agregado local como en San Juan.