La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para que funcionarios nacionales presenten sus declaraciones juradas, originalmente vencía el 31 de mayo. La medida beneficia casos como el de Manuel Adorni, jefe de gabinete, y Carlos Frugoni, funcionario de Obras Públicas, ambos con irregularidades detectadas.
Carlos Frugoni omitió declarar ocho propiedades en Miami valoradas en unos 150 mil dólares cada una, más una transferencia de 400 mil dólares desde EE.UU. para comprar una casa en un country bonaerense. Frugoni, ex titular de AUSA por 14 años bajo Macrismo, ya había sido sancionado e inhabilitado en la Ciudad por no presentar declaraciones previas. Reconoce el error y promete rectificar.
Panelistas como Graciela Ocaña, Karina Banfi y Nicolás Wineski critican la ineficacia de la Oficina Anticorrupción y AFIP/ARCA, que no detectaron omisiones ni evasión impositiva. Fuentes indican que el gobierno pedirá la renuncia de Frugoni en horas, posiblemente por Caputo, contrastando con la defensa de Adorni pese a sospechas graves de enriquecimiento y favoritismos.
Debate resalta doble estándar: gobierno echó funcionarios por sospechas menores antes, pero sostiene a Adorni ante Congreso el miércoles. Exigen coherencia con discurso anti-corrupción de Milei, recordando condenas a kirchneristas como Cristina Kirchner y Báez.
Se cuestiona origen de fondos de Frugoni (patrimonio ~2 millones USD) y urge controles independientes, reforma ética pública y acción judicial.