Un tribunal en Santiago de Cuba condenó a tres funcionarios de empresas estatales a penas de entre 10 y 15 años de prisión por malversación de fondos y falsificación de documentos.
Los acusados desviaron más de 5 millones de pesos cubanos (unos 43 mil dólares) a cuentas personales, de los cuales repartieron casi 4 millones. El caso se suma a procesos recientes por corrupción en la isla, en contexto de crisis económica y apagones.