En Barcelona, epicentro de crisis habitacional europea, precios de vivienda suben desde 2013 por especulación y alquiler turístico; un profesor como Chema enfrenta desahucio por fondo que convierte edificio en co-living de alto precio.
Por primera vez, UE nombra comisario de vivienda y lanza plan asequible con 43.000 millones de euros desde 2021 para combatir bomba democrática de descontento. Proyectos como cooperativa en Igualada convierten fábricas en viviendas no especulativas.
Fundación Salas gestiona residencias sociales en Terrassa con placas solares; UE estima necesidad de 2 millones viviendas anuales, pero competencia sigue en Estados miembros pese implicación bruselense.