El gobierno prohibió el ingreso a la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados, argumentando medidas preventivas por espionaje ilegal. La decisión generó repudios de medios, diputados y entidades periodísticas, que exigen explicaciones a Casa Militar.
Los conductores critican la medida como anticonstitucional y censura, comparándola con acciones dictatoriales y afirmando que la Casa de Gobierno pertenece al Estado, no al gobierno de turno. Insisten en que restringir el acceso atenta contra la libertad de expresión y la democracia.
Periodistas acreditados, incluidos los del canal, fueron impedidos de pasar la reja, pese a firmar declaraciones juradas. La excusa del espionaje se considera una farsa para censurar al periodismo opositor.