La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de 111 inmuebles pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad para reparar al Estado Nacional por 530 millones de dólares en obras viales inconclusas.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron en la subasta pese a recursos de la defensa que alegaban cesiones previas a Néstor Kirchner y compras antes de irregularidades desde 2003-2015. Casación rechazó argumentos sobre bienes adquiridos antes de 2009 y analizó casos específicos como el Hotel Los Sauces, construido por Austral Construcciones de Báez en 2006 pese a compra de terreno en 2002.
Otro caso clave es un complejo de 10 viviendas en Río Gallegos, comprado en 1978 pero con inversión de Báez vía fideicomiso desde 2010, donde 5 departamentos fueron para los Kirchner con fondos de obras no terminadas. Ahora los inmuebles pasan a la Corte Suprema, que definirá si se subastan vía AABE o se asignan a dependencias judiciales.
Este fallo histórico impone prisión de 6 años e inhabilitación perpetua a Cristina, quien responde con su patrimonio por el daño al Estado en rutas rotas que causaron accidentes y posibles muertes. La corrupción mata al desviar fondos de obras públicas.