La Cámara de Casación confirmó el decomiso de 111 propiedades valoradas en 685 mil millones de pesos en la causa Vialidad, incluyendo bienes traspasados por Cristina Fernández de Kirchner a sus hijos Máximo y Florencia para evadir la justicia. Los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron apelaciones y ordenaron la ejecución inmediata, priorizando la recuperación del patrimonio estatal sobre herencias o donaciones fraudulentas.
La periodista Mariela Belski detalló propiedades clave como los 10 departamentos en fideicomiso con Austral Construcciones de Lázaro Báez desde 2007, alquilados a gerentes de la empresa, y el Hotel Los Sauces en El Calafate, favorito de Cristina, construido con su impronta y alquilado a la familia Báez vía Valle Mitre para lavar dinero de la obra pública. Otros hoteles como La Aldea, Las Dunas y Alto Calafate quedan para la causa Hotesur-Los Sauces, aún pendiente de juicio.
El fallo impacta emocional y económicamente al núcleo kirchnerista, afectando el imperio inmobiliario-hotelero ligado a la corrupción. Belski relató anécdotas de persecución en 2013 por investigar a Báez en registros públicos de Santa Cruz, incluyendo una llamada intimidatoria del propio empresario corrigiendo su flota de más de 1000 autos. Aníbal Fernández criticó el "derecho hereditario" de Máximo Kirchner en el peronismo.
En mesa, expertos explicaron que solo un bien está a nombre de Cristina; el resto, traspasados post-2016 con causas avanzadas. Voto disidente de Borinsky cuestionó bienes pre-2004, pero mayoría priorizó recomposición estatal solidaria. Posible remate o uso para hospitales/escuelas, marcando precedente histórico contra impunidad en corrupción.
Condenada por la Corte Suprema, Cristina retiene influencia política pese al fallo, en un contexto de "grieta moral" peronista.