En Moreno, allanamientos a siete alumnos de entre 14 y 17 años por amenazas escolares terminaron con el secuestro de cuatro rifles, una pistola Bersa .22, carabinas y fusiles de aire comprimido con mira telescópica, todos al alcance de los menores. La fiscal de Responsabilidad Juvenil, Alejandra Piqué, solicitó resarcimiento económico a los padres por los costos del operativo de seguridad, estimados en 5 a 6 millones de pesos, además de allanamientos en domicilios para notificar cargos y secuestrar celulares y computadoras.
En Mendoza, la Justicia detuvo y encarceló a una madre que le dio un arma real a su hijo para llevar al colegio, en un caso ejemplificador que resalta la responsabilidad parental. En Santa Fe, se registraron 158 falsas amenazas en escuelas, con 7 identificados entre 13 y 16 años; inminente detención de un menor de 14 años del barrio Gran Centro por pintada "mañana bala para todos", y tres más complicados por pericias en celulares y WhatsApp. El costo total de operativos asciende a 7 millones de pesos, que buscan cobrar a las familias según el artículo 1754 del Código Civil.
En CABA, protocolos en escuelas incluyen ingreso sin celulares hasta el 6 de mayo (guardados en cajas fuera del aula), pese a quejas de padres por necesidad de comunicación; policía custodia puertas, pero amenazas persisten con nuevas pintadas. Expertos debaten punición versus prevención: algunos piden institutos de menores una semana para escarmiento, otros enfatizan salud mental y valores; Justicia tipifica amenazas como delito grave (artículo 211, 2-6 años prisión), con 14 detenidos y 22 indagatorias nacionales en 48 horas.
Debate en estudio cuestiona conciencia de menores, rol de padres y escuelas; se menciona ola nacional en 11 provincias, con gobiernos activando protocolos y Santa Fe advirtiendo que "rito de TikTok termina en proceso penal". Hallazgos de armas ilegales sin credencial de usuario legítimo alarman sobre acceso fácil en hogares.