El anteproyecto de reforma política del gobierno endurece reglas contra injerencia extranjera al prohibir que agrupaciones contraten servicios de personas extranjeras como consultores políticos, incluyendo figuras como Durán Barba o Gutiérrez Rubí.
La norma impide aportes de extranjeros con residencia en el país y prohíbe donaciones de personas jurídicas controladas en el exterior, ampliando restricciones para minimizar financiamiento externo que preocupa al oficialismo por experiencias en otros países con incidencia tecnológica en elecciones.