El anteproyecto de reforma política veta contratación de servicios de personas extranjeras por agrupaciones y prohíbe aportes de extranjeros con residencia, además de limitar personas jurídicas controladas abroad. Medida responde a preocupación gubernamental por injerencia rusa y venezolana en elecciones, similar a casos globales con tecnología electoral.
Gobierno ve en esto respuesta a pérdida de financiamiento de sectores opositores originados en Venezuela, Irán y AFA, en contexto de sospechas sobre causas judiciales contra Adorni.