Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad, criticó el proyecto de ley contra fraude en pensiones por discapacidad que deroga artículos de la ley de emergencia aprobada por el Congreso. El texto provincializa el programa Incluir Salud y afecta nomenclador nacional, dejando sin prestaciones a personas en pobreza.
Organizaciones advierten recortes en suplementos dietarios para niños con botón gástrico, que cuestan hasta dos millones y medio mensuales, y salarios de 143.200 pesos para 6.000 trabajadores en talleres protegidos no pagados desde enero. Se menciona disolución de ANDIS y vetos previos pese a ratificaciones legislativas.
El episcopado intervino dos veces pidiendo no desamparar a discapacitados. Ramos reclama depuración de padrones sin sospechar siempre a beneficiarios y buena gestión estatal.