Decenas de familiares, profesionales, jubilados y trabajadores despedidos de FATE se concentran frente al Ministerio de Salud reclamando contra recortes brutales que eliminan terapias, transportes, pagos a prestadores y medicamentos para personas con discapacidad; madres denuncian que sus hijos electrodependientes enfrentan internaciones forzadas por falta de enfermeras y obras sociales vaciadas, mientras el gobierno de Milei ignora la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso.
Testimonios desgarradores incluyen a Marcela, mamá de Lautaro electrodependiente, que lucha por internación domiciliaria y denuncia hostigamiento constante; Ana Álvarez, kinesióloga, acusa auditorías humillantes y anulación del nomenclador nacional; Silvana, madre de un niño de 7 años, teme cierre de colegios especiales; abuelas y tías como Flavia piden continuidad de transportes y escuelas sin recortes desde octubre.
Trabajadores de FATE suman reclamos dobles: reabre la fábrica para sostener obras sociales que cubren tratamientos millonarios mensuales para hijos con parálisis cerebral o autismo, denunciando que sin empleo sus niños "se nos mueren"; critican a Lugones, Adorni y Madanes por un plan de ajuste criminal del FMI que ataca a los más vulnerables.
Periodistas en vivo destacan hipocresía gubernamental: promueven ley antifraude mientras investigan corrupción por 112 mil millones de pesos en prótesis robadas; insisten en que el nomenclador iguala derechos y el Estado debe asistir, no desamparar con darwinismo social que genera sufrimiento masivo.