Familias de personas con discapacidad marcharon contra proyecto del gobierno nacional que modifica ley de pensiones por invalidez, llamado Ley Contra el Fraude. Exigen no avanzar; rechazan nombre estigmatizante y reempadronamiento obligatorio en 90 días con baja automática.
Proyecto impide trabajar con pensión y exige recertificar todo. Tras veto fallido a ley de emergencia, ahora buscan control estricto. Mamás denuncian abandono: terapias, combis y becas cortadas; hijas con retraso madurativo, trastorno lenguaje, problemas motrices y síndrome de Down.
Critican falta de empatía y carga invertida de prueba. Cuestionan si todas pensiones son fraude.