Personas con discapacidad y familiares se movilizaron frente al Ministerio de Salud en Montserrat, exigiendo el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad aprobada en Congreso y vetada por el presidente Milei, ante el nuevo proyecto del ministro Mario Lugones que impone reempadronamiento por supuesto fraude y elimina el nomenclador de prestaciones.
Mauro Spegazzini, presidente de la Asociación de Electrodependientes, denunció que no se entregan insumos básicos como pañales y sondas a pacientes con internación domiciliaria, obligando a familias a dejar de trabajar para cuidarlos, y criticó el proyecto como ajuste al sector más vulnerable.
La mamá Marcela Gómez relató la lucha diaria por enfermeras para su hijo Lautaro, electrodependiente de 16 años, pagadas solo 3.000 pesos la hora, con constantes cambios y riesgos de internación si se elimina el nomenclador, lo que quitaría calidad de vida y derechos adquiridos.
La directora de un centro educativo terapéutico advirtió que sin nomenclador, obras sociales y prepagas pagarán lo que quieran, cerrando centros, escuelas especiales y terapias, aniquilando 30 años de sistema regulado. En Mar del Plata, transportistas como Juan Goldar protestaron por atrasos en pagos y autorizaciones desde 2025, bajando de 300 a 200 vehículos y dejando sin traslados a niños.
Familiares y profesionales de centros de día como Despertares lamentaron pagar sueldos en cuotas y comprar comida ellos mismos, ante fondos no enviados por el Estado, afectando hogares y tratamientos en un círculo vicioso.