Decenas de familiares, profesionales y personas con discapacidad se concentran frente al Ministerio de Salud reclamando contra recortes que dejan sin terapias, transportes y pagos a prestadores; madres denuncian que hijas de 11 años empeoran sin atención y obras sociales no responden.
Testimonios incluyen a Cecilia, con dos hijas sin autorizaciones ni becas escolares completas, y Carla Lacorte, víctima de gatillo fácil en 2001, que acusa al gobierno de Milei y Adorni de atacar a los más vulnerables con ajustes del FMI y vetos a la ley de emergencia en discapacidad.
Otras voces como Grisel, mamá de electrodependiente Emiliano, lee carta bíblica a Milei pidiendo justicia por terapias y medicamentos; Marcela, madre de Lautaro con respirador, lucha por internación domiciliaria ante pagos de 2 mil pesos a enfermeras y hostigamiento constante.
Docentes y jubilados se suman denunciando sueldos de 28 mil pesos a terapistas, falta de pañales y embestida contra la ley de emergencia sancionada siete veces; exigen implementación y critican gerontocidio, con llamados a no esperar al 2027.
Protestantes de Bahía Blanca y kinesiólogas como Ana Álvarez relatan auditorías avasallantes, anulación de nomenclador y acusaciones de fraude, afirmando una pérdida total de derechos bajo este gobierno.