El proyecto de ley del gobierno de Javier Milei, titulado "contra el fraude de las pensiones por invalidez", busca destruir el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad al eliminar el nomenclador único, obligar a reempadronamientos masivos y transferir competencias a provincias desfinanciadas.
Fernando Galarraga, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, y Valentina Bassi denuncian que la medida expone a 1.200.000 pensionados a suspensiones por fallas administrativas, rompe la equidad en accesos a terapias, escuelas y transporte, y beneficia a prepagas al desregular pagos. Critican la incompatibilidad pensión-trabajo y la persecución a vulnerables que cobran apenas 350.000 pesos.
La norma viola la Constitución y la Convención Internacional sobre Discapacidad, según expertos, y se suma a deudas de "Incluir Salud" desde octubre. Militantes como Bassi contactan senadores y gobernadores para frenarlo en el Senado, donde el gobierno busca votos. Mañana hay marcha al Ministerio de Salud a las 11 horas.
Panelistas tildan el avance de "genocidio silencioso", "crueldad" e "inconstitucional", destacando que el 80% de personas con discapacidad no trabaja por barreras, no por incapacidad, y que el Estado debe garantizar piso de derechos para 5 millones afectados en Argentina.