El gobierno de Javier Milei ingresó al Senado un proyecto de ley que modifica el régimen de pensiones por invalidez laboral, prohibiendo a los beneficiarios tener un trabajo formal y eliminando incentivos fiscales para empresas que contraten personas con discapacidad.
La ley vigente permite cobrar hasta 328.770 pesos mensuales (70% del haber mínimo jubilatorio más bono) mientras se realiza monotributo social, pero el nuevo texto introduce incompatibilidad total entre pensión y empleo, cambia el criterio de discapacidad a invalidez laboral y desregula aranceles de prestadores, dejando negociaciones mano a mano con obras sociales.
El proyecto elimina la obligación estatal de pagar deudas pendientes, quita auditorías de la disuelta ANDIS y exige revalidaciones que obligan viajes costosos para certificaciones, agravando el acceso a salud para el colectivo más vulnerable, según el panel que lo califica de cruel y recortador.
Periodistas recordaron filas en sedes de ANDIS desde enero para certificados, con médicos locales rechazados, y criticaron el escándalo de corrupción en ANDIS mientras se recortan fondos sin controles sobre funcionarios.