El Gobierno envió al Senado un proyecto de ley para reemplazar la emergencia en discapacidad, cuestionada por fraudes. Afecta a 1.200.000 personas con pensiones no contributivas (PNC) por invalidez.
Beneficiarios deben revalidar su 66% de discapacidad, situación económica, antecedentes laborales y cruzar datos con ANSES y ARCA. Habrá suspensiones preventivas por incompatibilidades.
Regresa incompatibilidad con trabajo, eliminada por la emergencia que permitía laborar pese al cobro (70% haber mínimo, unos 340 mil pesos con bono). Desregula nomenclador de tarifas para prestadores privados.
Preocupa a legisladores que apoyaron la emergencia anterior; gobierno ve más chances en Senado.