El gobierno de Javier Milei mantiene disputa con ley de financiamiento universitario aprobada por Congreso, vetada inicialmente por falta de origen de fondos, y ahora recurre a Corte Suprema pidiendo recusación de jueces Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti por ser "parte interesada".
Busca ganar tiempo mientras negocia nueva ley en Diputados con Martín Menem que actualice salarios y becas respetando déficit fiscal, que costaría 2,5 mil millones si se cumple la actual.
Panel discute estrategias jurídicas y políticas con bloque oficialista fortalecido.