Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad de Rosario, reveló que las universidades públicas cayeron un 47% en transferencias desde 2023, equivalentes a un 37% en términos reales y un 45,6% en otros cálculos, lo que implica funcionar prácticamente a la mitad de capacidad.
La situación más crítica es salarial: un docente inicial cobra por debajo de 200.000 pesos mensuales, y el 60% de la docencia percibe menos de 600.000 pesos, generando renuncias, pluriempleo y dificultades para reponer personal calificado. Argentina invierte solo el 0,4% del PBI en educación superior y ciencia, el mínimo histórico, frente al 2,8% de China o más en países desarrollados.
Existe una ley de financiamiento aprobada por el Congreso con amplia legitimidad, pero no se aplica hace 170 días. Tras gestiones fallidas, recurrieron a la Justicia, que ordenó aplicar los artículos 5 y 6 para recomponer salarios en un 45% y becas estudiantiles, fijas en 35.000 pesos desde hace dos años. No hay paritarias desde hace un año y medio ni respuestas del gobierno post-fallo.
Hoy realizan una jornada de clases y tareas asistenciales en todo el país para mostrar la capacidad transformadora de la universidad pública, que atiende a más de 6.000 personas diariamente en consultorios gratuitos y beneficia a 2 millones de estudiantes. Amenazan con movilizaciones en mayo si no hay respuestas, defendiendo el acceso gratuito y de excelencia.