El Boletín Oficial publicó una resolución del Ministerio de Seguridad que autoriza la instalación de inhibidores de señal celular y tecnología avanzada de vigilancia en las unidades del Servicio Penitenciario Federal, bajo su órbita desde el inicio del gobierno.
La medida supera la ley impulsada por el diputado Luis Petri en 2016, que ya proponía restringir libertades condicionales e inhibidores, pero fue ignorada por el exjefe Carrefour de Rebori durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
El Servicio Penitenciario Federal optó por un control del espectro radioeléctrico con tecnología de vigilancia y posicionamiento electrónico de dispositivos prohibidos, usando string eye para detectar celulares ilegales mediante códigos IMEI únicos de 15 dígitos, permitiendo autorizar solo los del personal.
La iniciativa busca evitar que las cárceles funcionen como centros de operaciones criminales, desde donde se realizan extorsiones y delitos, y espera adhesión de provincias como Buenos Aires, que aún autoriza celulares judicialmente.