La presidenta lanzó en junio pasado una estrategia contra la extorsión, que se disparó un 22% desde 2019 y superó las 11.000 denuncias en 2025, afectando a unos 400 mil pequeños negocios que pierden más de un tercio de ingresos.
Restauranteros y vendedores denuncian cobros mensuales como "pago único por seguridad", con amenazas de incendio o asalto; un tendero de 90 años cerró por exigirle hasta 40 mil pesos semanales.
Claves incluyen inteligencia policial, más cámaras, botones de pánico y penas de hasta 42 años de cárcel, aunque solo un tercio de denuncias llega a juicio por llamadas desde prisiones y corrupción.
Hay menos temor a denunciar gracias a confianza en policía, pero persiste complejidad por colusión y origen penitenciario del delito.