En el este de Chad, más de 1,2 millones de refugiados sudaneses huyeron de la guerra civil que azota su país desde 2023, desplazando a 850 mil personas a campamentos superpoblados. Organizaciones como ACNUR enfrentan recortes drásticos de fondos de donantes como Estados Unidos bajo Trump y Alemania, lo que amenaza con cerrar escuelas, agotar suministros de agua y alimentos, y propagar enfermedades como el cólera.
Empleados de ACNUR como Sani Akilu y Charlotte Lepignac recorren zonas rojas cerca de la frontera con escolta armada, encontrando campamentos sin letrinas ni agua potable donde los refugiados usan charcos insalubres. Un brote de cólera ya registra 372 casos confirmados y 19 muertos en un solo campamento, con solo 7,6 litros de agua por persona al día, la mitad del mínimo de la OMS.
La educación se derrumba: solo 163 mil niños asisten a clases y escuelas cierran por falta de maestros, mientras el Programa Mundial de Alimentos reparte raciones USAID que se agotan. Jóvenes como Masajid Abeker sueñan con medicina, pero la guerra truncó sus estudios; familias como la de Salah Suleiman viven bajo árboles sin tiendas ni medicinas para heridas de guerra.
Expertos como Dominique Isabel Hyde de ACNUR y Ulf Lessing de la Fundación Konrad Adenauer advierten que Chad, uno de los países más pobres, no soporta la carga con fronteras abiertas y recursos agotados. Reuniones semanales coordinan agua y letrinas, pero fondos globales cayeron a 20 mil millones de dólares en 2025, forzando despidos masivos en ACNUR y cierre de ONGs locales.
La situación es catastrófica: sin fondos, el cólera podría causar muertes masivas, tensiones con locales aumentan la criminalidad y el futuro de trabajadores humanitarios como Charlotte es incierto mientras compiten por donaciones de 300 millones de euros.