En el este de Chad, más de 1,2 millones de refugiados sudaneses huyeron de la guerra civil desde 2023 y enfrentan una crisis humanitaria agravada por recortes drásticos en la ayuda de Estados Unidos bajo el presidente Trump, Alemania y otros donantes. Organizaciones como ACNUR, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) luchan por proveer agua potable limitada a 7,6 litros por persona al día, comida y educación, mientras brotes de cólera con 372 casos confirmados y 19 fallecidos amenazan con epidemias masivas.
En campamentos como Iridimi con 90.000 personas, faltan letrinas (114 personas por unidad), escuelas cierran por no pagar salarios a maestros (90 euros máximo), y stocks de alimentos del PMA alcanzan solo para 1-2 meses. Refugiados como Salah Suleiman viven bajo árboles sin protección, y recién llegados compiten por recursos escasos en medio de fallas en pozos, bombas y generadores que ponen en riesgo el agua para 40.000 personas.
Proyectos como Hagina buscan autosuficiencia agrícola para refugiados y locales, pero sin fondos, ONGs locales cierran y ACNUR asume más carga. Expertos advierten que sin ayuda, los refugiados migrarán a Europa, evocando la crisis siria de 2013, mientras Rusia y China ganan influencia en Chad, un país rico en uranio, oro y petróleo rodeado de inestabilidad en el Sahel.
Periodistas como Charlotte Lepignac documentan la desesperación: niños sin escuela desde 2023, maestros sin sueldo hace meses, y riesgos geopolíticos con mercenarios rusos. Hasta finales de 2025, 3.000 casos de cólera se registraron, y contratos temporales de la ONU expiran sin perspectivas.