La Procuración General, a cargo de Sebastián Ameriso, presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones para suspender artículos de la ley de financiamiento universitario que obligan al gobierno a enviar fondos, pese a una orden judicial existente que ya exige cumplimiento.
El gobierno también incumple la ley de emergencia en discapacidad y propone una nueva que obliga a reempadronamiento con controles antifraude, vista como una cachetada a personas con discapacidad y prestadores, mientras impulsa una ley de salud mental criticada por Nicolás Kreplak como retroceso a la manicomio.
Se busca reactivar el Congreso paralizado por el escándalo Adorni, con posible debate de la ley Ojarasca el miércoles y fricciones con gobernadores como Jalil y Gustavo Saenz por promesas incumplidas.