Agustina Brizuela, exsenadora y abogada de La Rioja, denunció haber sido detenida ilegalmente junto a su cliente en una comisaría por una orden verbal del fiscal de turno, sin orden escrita de juez competente, violando la Constitución Nacional y Provincial.
La detención ocurrió durante un acto público en un colegio de farmacéuticos donde su cliente, vocal titular, participaba pese a medidas genéricas de protección pero sin restricción de acercamiento; la policía irrumpió sin orden de allanamiento. La Cámara del Crimen falló a favor del habeas corpus presentado por Brizuela, declarando las detenciones arbitrarias e ilegítimas y ordenando la libertad inmediata de su defendido, quien estuvo en prisión domiciliaria.
Brizuela acusó al Poder Judicial de La Rioja de ser un brazo ejecutor del poder político del gobernador Quintela, con jueces y fiscales amigos suyos, exfuncionarios o familiares como la sobrina carnal en la cabeza del Poder Judicial. Denunció un sistema donde las instituciones funcionan a pedido del oficialismo en una provincia con hegemonía peronista desde 1983.
Consideró la detención como un exceso del fiscal para amedrentarla por su rol público y denuncias de corrupción contra el gobernador, pero una torpeza que se les fue de las manos. Explicó que no había perimetral ni restricción de acercamiento, y su cliente no dirigió palabra a la denunciante, lo que derivará en una denuncia por falsa denuncia.
Alertó sobre el desamparo ciudadano si hasta una abogada con acceso a medios puede ser detenida arbitrariamente, y agradeció la visibilización de situaciones donde la Constitución parece letra muerta en La Rioja.