El gobierno presentó un per saltum a la Corte Suprema para que levante la suspensión de 80 artículos de la reforma laboral dictada por el juez Raúl Ojeda, saltando instancias inferiores porque un bloqueo judicial impide gobernar.
Panelistas debaten si la reforma dinamiza el empleo o solo blanquea informalidad existente como banco de horas y vacaciones fragmentadas, mientras pymes claman por crédito barato, baja de impuestos y cargas sociales para recuperar actividad caída desde diciembre 2023.
Se discute reconversión industrial con riesgos de despidos masivos, como importar en lugar de producir localmente, y la necesidad de políticas de Estado a largo plazo más allá de modelos pendulares, defendiendo desregulación y libertad económica.
Empresarios textiles enfrentan crisis graves, analizan cierre o cambio de rubro, y el panel critica falta de protección estatal en contexto de recesión, con cruces sobre pobreza infantil y salario bajo pese a múltiples trabajos.
La Corte podría avalar al gobierno alineando justicia laboral, pero sin plazos, mientras se compara con otros judiciales como fondos universitarios que el Congreso obliga a pagar.