El gobierno aguarda que la Corte Suprema restablezca la vigencia de la reforma laboral aprobada en febrero, suspendida por medida cautelar del juez Ojeda a pedido de la CGT.
El juez, vinculado al kirchnerismo, suspendió casi toda la ley (más de 80 artículos) pese a que la CGT solo cuestionaba partes como negociación colectiva. El gobierno apeló directamente a la Corte argumentando que el Congreso aprobó la ley por mayoría.