La Procuración General del Tesoro trabaja contra reloj en una ampliación del per saltum a la Corte Suprema para defender la reforma laboral, ante la judicialización en el fuero laboral.
El juez Ojeda intenta capturar la causa pese a una inhibitoria y presenta un escrito para que se corran el procurador y sus suplentes, alegando que el doctor Amerio no tiene matrícula, lo que el gobierno refuta con la ley que lo habilita en el cargo.
El gobierno califica esto como una guerra contra la casta judicial del fuero laboral, impulsada por la CGT que busca bloquear la reforma ante la inminente movilización y el Día del Trabajador.