El gobierno presentó un per saltum ante la Corte Suprema para revertir la suspensión de 83 artículos de la ley de modernización laboral, dictada por el juez Raúl Ojeda a raíz del amparo de la CGT.
La Procuración del Tesoro argumenta gravedad institucional y propone que los reclamos se tramiten en el fuero contencioso administrativo, calificado como no contaminado, en lugar del fuero laboral. Los artículos suspendidos incluyen reducción de indemnizaciones por despido, banco de horas, Fondo de Asistencia Laboral (FAL), jornada 12x12 y limitaciones al derecho a huelga.
El per saltum salta instancias por urgencia, aunque la Corte no tiene plazo para resolver. El gobierno sostiene que un juez no puede frenar una ley aprobada por el Congreso y busca respuestas acordes al espíritu de la reforma en el nuevo fuero.
Los tiempos judiciales podrían perjudicar al gobierno si no se acelera el proceso, según se destacó en el cierre del segmento.