El gobierno impulsa per saltum ante Corte Suprema para que entre en vigencia la reforma laboral, suspendida por un juez. Incluye denuncia penal por abuso de poder y Consejo de la Magistratura contra el magistrado.
Corte defiende procesos y acepta per saltum solo por gravedad institucional probada; si lo admite, reforma rige aunque no resuelva pronto. Jugada clave de Procuración General del Tesoro.