La prefectura naval ejecutó un allanamiento en la feria conocida como Saladita de la Bristol, ubicada en la playa Bristol de Mar del Plata, por orden judicial debido a la venta de mercadería con marcas falsificadas. Durante la madrugada, bajo la lluvia, demolieron más de 120 estructuras ilegales con topadoras y maquinaria pesada, coordinando 100 prefectos, 150 policías y agentes municipales.
Los feriantes protestan porque perdieron todo: decomisaron productos como camisetas de fútbol y réplicas para el Mundial, afectando a 200 familias. Pagaban alquileres de hasta un millón de pesos mensuales o 6 millones por temporada a cobradores desconocidos, generando sospechas de extorsión por barras o sindicatos como USIP e Ibarra.
El intendente Guillermo Montenegro impulsó la denuncia vía el Ente Municipal de Turismo, liderado por Bernardo Martín, tras disputa jurisdiccional con la provincia de Buenos Aires. La feria operaba 25 años ilegalmente en la Rambla, patrimonio histórico, y ahora no hay plan B para los trabajadores.
Panelistas cuestionan quién cobraba las sumas millonarias y destacan el impacto político entre Montenegro y otros sectores, mientras feriantes evitan hablar por miedo a represalias.