El abogado Roberto Castillo, representante del padre de Ángel, el niño asesinado en Chubut, denunció corrupción en jueces y psicólogos que ignoraron denuncias de violencia falsa y entregaron la tenencia a la madre biológica pese a su abandono previo de ocho meses y embargos por no pagar cuota alimentaria.
Castillo relató cómo la madre instrumentalizó denuncias de violencia de género para impedir el vínculo del padre con Ángel, pero el juez rechazó tres veces las medidas hasta que una psicóloga cambió su criterio sin fundamentos y autorizó la entrega, lo que derivó en el crimen con 22 golpes en la cabeza y RCP de 40 minutos para encubrir la agresión.
Defendió a su pareja Cintia Fernández, estudiante de abogacía que lo acompaña en conferencias para visibilizar el caso y prevenir corrupción, rechazando críticas. Exigió revisiones legislativas como audiencias en prohibiciones de acercamiento y alertas hospitalarias para niños golpeados, comparando con casos como Lucio.
Panelistas emotivos destacaron la perversión al manipular el pedido de Ángel por su "mamá del corazón" Lorena, y cuestionaron garantías para el juicio en Comodoro Rivadavia, sospechando complicidad generalizada en la justicia local. Castillo anticipó denuncias contra responsables.