El Tribunal Superior de Justicia de Chubut ordenó una auditoría de 60 días al equipo de Protección de la Infancia N°11 de Comodoro Rivadavia por el caso del niño Ángel, asesinado por su madre Mariel Altamirano y padrastro Michael González.
La medida responde al pedido del doctor Castillo e interviene al juez Pérez, jueza Roldán, psicóloga Leyva y su equipo, revisando casi mil causas por negligencia, sesgo de género y posibles coimas, como entrega de autos cero kilómetro.
Testimonios revelan fallos sistemáticos: niños entregados a abusadores pese a denuncias, priorizando madre por ideología. Fátima Silva criticó la formación ideológica en facultades y justicia, llamando "pericia" a entrevistas sesgadas.
Periodistas en terreno reportan decenas de casos similares con expedientes colapsados. Comparan con Lucio Dupuy en La Pampa, donde no cayó nadie pese a la ley homónima incumplida, generando pesimismo sobre destituciones.
Autoridades provinciales niegan protección política pese a nombramientos del exintendente Lucas (Frente para la Victoria) y gobernación.